6. La organización institucional de los servicios de empleo: guiar la transición de la educación al empleo o a la activación laboral de la persona desempleada
La realización eficaz de la Iniciativa de Garantía Juvenil requerirá de la existencia previa de un sistema eficiente y en buen funcionamiento de los servicios de empleo, sistema que, como es conocido, deja mucho que desear en este país. El sistema español coordinado y funcionalmente descentralizado –salvo en la gestión de las prestaciones de desempleo- ha provocado la existencia de distintos mercados de trabajo, tantos como territorios autonómicos tenemos, cada uno con su particular tasa de desempleo. Sin embargo, la movilidad interregional apenas existe y es curiosamente la movilidad internacional no dirigida la que predomina. En cambio, en Alemania, un país federal, los servicios de empleo se concentran en la Agencia Federal de Empleo, la cual concentra no solo las labores de gestión del desempleo, sino la orientación, la formación para el empleo y la colocación.
Un ejemplo de cómo funciona nuestro sistema nacional de empleo coordinando las competencias y funciones distribuidas entre el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y las respectivas SPECCAA (como Lanbide en Euskadi) es la confección anual del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE). El PAPE es aprobado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que reúne a los responsables de trabajo de las consejerías autonómicas y del Ministerio de Empleo, para ser trasladado al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo donde están representados los interlocutores sociales y patronales para informarlo, aunque de acuerdo con las manifestaciones de los sindicatos(20), rara vez se tienen en cuenta sus opiniones.
El Plan (PAPE) adolece de una falta de evaluación real de los programas y medidas ejecutadas por las CCAA y el SEPE durante los anteriores planes anuales. En los Planes de Actuación del Sistema Nacional de Empleo se acuerdan –sobre todo con las CCAA- instrumentos y contenidos, pero no se aclara qué agente privado o público prestará los concretos servicios, a qué ámbito poblacional irán destinados, o con qué recursos se va a contar. Diseñados de esta forma, el resultado de cada acción programada dependerá de cada servicio autonómico y de la dotación que se le asigne. Una vez más, prima el voluntarismo y dependerá de la profesionalidad de los agentes su mejor o peor ejecución, pero, en realidad, no existe una auténtica coordinación y cooperación en permanente comunicación y traslado de información entre servicios de las distintas CCAA y de éstas con el SEPE. No se trata de una acción pública descentralizada, sino de diversas y distintas acciones públicas territoriales. Todo ello es susceptible de ser corregido, pero seguimos estando lejos de ser eficientes en la utilización de los recursos públicos nacionales y comunitarios.
A la escasa y deficiente interconexión de los servicios autonómicos y centrales del sistema de empleo se añade la menor coordinación aún con otros agentes que actúan en el mercado de trabajo y a los que la reforma les otorga un papel cada vez mayor, en detrimento del servicio público de empleo. A nivel de cada CCAA, el SEPE se ocupa principalmente de la gestión de las prestaciones de desempleo, contributivas, asistenciales y extraordinarias, además de albergar las oficinas EURES. Por otra parte, en Euskadi, Lanbide se ocupa de los servicios de orientación, formación y colocación. Me pregunto si no sería más funcional y eficaz compartir o transferir la orientación y colocación, al igual que la programación de las prácticas no laborales o la entera formación dual, a unas oficinas de información y orientación juvenil de carácter local o comarcal –inspiradas, por ejemplo, en los job centers alemanes-, que servirían como punto de concentración único a nivel territorial, lo cual solo por su simplicidad y proximidad ya atraería la colaboración de las empresas y de sus organizaciones, asociaciones, cámaras de comercio e industria, así como de los sindicatos locales, los colegios profesionales, sin perder de vista a otros servicios públicos locales (como los servicios sociales o asistenciales, …).
En la lógica descentralizadora, el nivel local debe funcionar si queremos salvar la credibilidad ya bastante deteriorada del Sistema Nacional de Empleo, reforzando la función coordinadora y concentradora de servicios y de medidas a través de los agentes locales de empleo. Al mismo tiempo, es en el nivel local donde se deben experimentar las buenas prácticas de colaboración con otros entes y agentes, sociales y económicos, así como profesionales de tipos variados. Hay que olvidar los comportamientos cerrados de las viejas corporaciones profesionales, dar transparencia a las demás asociaciones, y en particular a las Cámaras de Comercio, para aprovechar su dinamismo innovador y dirigirlo a los objetivos de interés público, muy especialmente en el tema de la lucha contra el desempleo, y también en el diseño de las políticas de formación. En este sentido, es fundamental incorporar a esos puntos o centros locales de coordinación para el empleo, no solo a los centros de formación profesional, sino a todos los centros educativos de educación superior y secundaria. Esos puntos de contacto, con sus portales de empleo y formación, estarán dotados de personal formado suficiente y de las herramientas telemáticas y metodológicas necesarias para analizar el mercado de trabajo en su entorno y más allá de su entorno local. Todo ello, con un único objetivo, el de guiar la transición del estudio al empleo y, viceversa, del empleo a la formación y al reciclaje profesionales, cualquiera que sea la circunstancia personal de los usuarios y clientes.