5.2.8. Relaciones OMIC – Asociaciones
Las relaciones más estrechas dentro de la red de recursos se dan entre las OMIC y las asociaciones, es decir, entre los niveles más cercanos a la ciudadanía. En ocasiones, las OMIC derivan casos a las asociaciones de consumidores, y del mismo modo, hay asociaciones que tienen convenio con diversas OMIC, por medio de los cuales prestan la atención a las personas del municipio de esa OMIC.
Esta relación no está exenta de problemas. Como hemos adelantado, desde el punto de vista de algunos representantes de asociaciones, la función de las OMIC es simplemente informar, y en todo caso, derivar a las asociaciones.
"En parte tenemos una ‘competencia desleal’ que son las OMIC. Estas deberían limitarse a informar y formar, pero no debería gestionar reclamaciones. Y también deberían atender a personas más desprotegidas por situación social y económica, pero no a personas que puedan costearlo y tengan problemas ‘estándar’ de consumo. Por eso hay un índice de asociaciones bajísimo. Además, la OMIC cuando tiene mucho trabajo, deriva a las asociaciones. Es decir, cuando no dan abasto" (Representante de EPB).
Pero desde el punto de vista de las OMIC, esto no es así, ya que dentro de las competencias de las Entidades Locales está la defensa de los intereses de su ciudadanía, entre los cuales se puede entender el consumo. Así lo explica la representante de la OMIC de Gipuzkoa.
"Las asociaciones no tienen más recursos que las OMIC, ¿para qué vas a acudir a una privada? Porque sí, las asociaciones, tienen la posibilidad de ir al juzgado, sí, pero siempre que lo decidan ellos. Y según la Ley de Procedimiento Administrativo y de Bases de Régimen Local, el ayuntamiento tiene competencias en todo aquello que sea defensa de sus ciudadanos. Tienen que cumplir esa defensa, si solo contestaran a consultas, esa defensa se queda coja. Lo que pasa es que son celosos de eso, porque al tener un servicio dentro de la administración, les resta trabajo. Y el que viene aquí, no va a la asociación. Es una pena, el movimiento asociativo debería tener mucho más respaldo, pero la gente está como está, ni se asocian siquiera a los sindicatos. Y debería ser diferente, porque se podría hablar casi hasta entre iguales con la administración y con las empresas".
Aparte de la ley mencionada, la Ley Autonómica de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias establece que las funciones de las entidades públicas y privadas serán, entre otras, "Informar, ayudar y orientar, así como mediar en las reclamaciones de consumo dentro de su ámbito territorial", pero a continuación también establece que "las asociaciones son el cauce de representación y participación para la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias". Con lo cual, parece que la lectura de la legislación puede prestar a confusión de funciones y responsabilidades. No parece que estas rencillas puedan ayudar a prestar una mayor defensa a la ciudadanía. De nuevo, parece necesario aclarar funciones y procedimientos, porque los recursos están, pero lo que falta es que se coordinen, y que hayan llegar ese funcionamiento coordinado a la ciudadanía.
Y esto es importante para fortalecer la red, ya que, tal y como afirman tanto desde organismos públicos como privados, la coyuntura actual de crisis supone una fuerte amenaza para los recursos de este tipo.
"En España, se han cargado a nivel estatal... Ha desaparecido la Secretaría General de Política Social y Consumo, y la Dirección General de Consumo, no saben dónde lo van a meter. Hay un desinterés del nuevo ejecutivo por las políticas de consumo. En el espacio de dos años, se han quitado unos 50.000 E, y se firman convenios que no se cumplen. Es decir, recortes por todos lados, menos información, menos fuerza, menos presión..." (Trabajador de EPB).