Anexo 4. Aportaciones y propuestas del Tercer Sector
Recoge este anexo cuarto las propuestas y demandas del Tercer Sector de la CAPV en relación con la situación de las políticas públicas de apoyo a las familias.
La información aquí contenida ha sido obtenida a través de los cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión en los que han participado las entidades relacionadas en el apartado de “nota metodológica” de este trabajo. Con ello, hemos querido reflejar las distintas opiniones de las diferentes asociaciones que por sus objetivos sociales tienen un interés particular en las políticas de apoyo a las familias y que tan generosamente han colaborado en la elaboración de este trabajo. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que las recomendaciones de la institución del Ararteko para la mejora de la situación de las políticas de apoyo a las familias en Euskadi quedan expuestas en el último capítulo de este informe y no se identifican necesariamente con las propuestas y demandas aquí reflejadas. No obstante, consideramos de gran interés que también salgan a la luz con entidad propia las distintas opiniones de los grupos activos socialmente en este ámbito, ya que con ello recogemos también el pulso de una buena parte de la sociedad civil en lo que respecta a las necesidades y los ámbitos de mejora en materia de políticas de apoyo a las familias.
Para facilitar la lectura de este anexo, la información ha sido organizada en diversas áreas temáticas:
Propuestas y demandas en relación con la legislación y proyección institucional.
Propuestas y demandas en relación con la fiscalidad, las prestaciones y los precios públicos.
Propuestas y demandas en relación con la vivienda y suelo.
Propuestas y demandas en relación con la conciliación (empleo y formación, ocio y cultura).
Propuestas y demandas en relación con la educación y la sensibilización.
Propuestas y demandas en relación con la atención sociosanitaria.
Propuestas y demandas en relación con el transporte.
Asimismo, se han tenido en cuenta los distintos modelos de familia a la hora de estructurar la información, teniendo en cuenta las propuestas y demandas que tienen como destinatarias todas las familias, familias numerosas, familias con personas en situación de discapacidad y/o dependencia, separadas y/o divorciadas, acogedoras y adoptivas, monoparentales e interculturales.
Área 1. Legislación y proyección institucional
Todas las familias
Crear un Instituto Vasco de Familia, como organismo específico, independiente de cualquier consejería, con dotación presupuestaria propia para desarrollar una adecuada política de apoyo a la familia –integral y transversal–, apoyada y avalada directamente por Lehendakaritza.
Llevar a cabo estudios centrados en el gasto público de las políticas familiares, similares a los realizados en otros países de la Unión Europea, con el objetivo de avanzar en la equiparación de la CAPV con otros países europeos en este ámbito.
Establecer y aplicar informes o análisis de impacto familiar o social similares a los ya existentes en materia de medio ambiente o género, en el proceso de aprobación de distintas normativas que afecten a la familia en los ámbitos educativo, social, laboral o de vivienda.
Incorporar TICS en el desarrollo de las políticas públicas y modernizar y mejorar el acceso de la ciudadanía a la información de servicios de carácter familiar. Por ejemplo, replicar la página web de Concilia + como una buena práctica a campos como la información fiscal o las políticas familiares.
Hacer esfuerzos por retomar el antiguo sistema de subvenciones dirigidas al Tercer Sector de intervención social, apostando por los convenios con programas estables a través de la cartera de servicios sociales.
Mejorar los canales de comunicación y coordinación interdepartamental e interinstitucional entre las diferentes administraciones de la CAPV cuando se intervenga con un sistema familiar, así como delimitar más claramente las diferencias competenciales entre las distintas administraciones.
Fomentar una mayor participación de las entidades del Tercer Sector de la CAPV en la planificación, diseño, ejecución y evaluación continuada de las acciones de apoyo del Plan Interinstitucional de apoyo a las familias y políticas sociales y familiares.
Redistribuir las competencias en materia de familia a través de la Ley de Servicios Sociales, dotando de recursos económicos suficientes a las acciones en materia de familia, mediante convenios y conciertos plurianuales recogidos en la cartera de servicios sociales.
Aplicar la atención a la diversidad familiar a todas las políticas familiares, dando una atención integral.
Continuar desarrollando la Ley de Apoyo a las Familias y el III Plan Interinstitucional de apoyo a las familias, dotándoles de recursos, de forma que tengan una acción y/o aplicación efectiva.
Trabajar en el refuerzo de las políticas de prevención de la pobreza en el seno de la unidad familiar y especialmente en lo relativo a la protección infantil.
Familias con miembros con discapacidad y/o dependencia
Incorporar la discapacidad y/o la dependencia como elemento transversal en todas las políticas públicas, programas, servicios y recursos de apoyo y atención a las familias de la CAPV.
Establecer protocolos y actuaciones específicas en cada una de las acciones que figuran en el III Plan Interinstitucional de apoyo a las familias dirigidas a las personas con discapacidad, que garanticen la defensa de su autonomía personal.
Tener en cuenta las necesidades, prioridades, orientaciones y propuestas de las familias con miembros con discapacidad y/o dependencia, y movimientos asociativos que les representan, a la hora de diseñar e implementar políticas públicas en materia de familia.
Mejorar la colaboración entre los departamentos y áreas de política social y sanidad con el Tercer Sector de la CAPV, con el objetivo de establecer protocolos de actuación en casos de discapacidad.
Incorporar personas con discapacidad y/o dependencia en el Consejo de Familia.
Familias numerosas
Aplicar la Ley de Familias Numerosas con efectividad práctica en la CAPV mediante el cumplimiento de la Ley 13/2008 de Apoyo a las Familias para cumplir con los objetivos de esta, entre los cuales está que las personas puedan ejercitar la libertad de tener los hijos e hijas que deseen.
Familias separadas y/o divorciadas
Permitir el acceso de asociaciones mixtas a las subvenciones de Emakunde, de forma que los programas de violencia intrafamiliar puedan ser apoyados por esta institución.
Familias acogedoras y/o adoptivas
Recuperar la figura de las familias acogedoras profesionales.
Establecer la obligatoriedad de recibir sesiones formativas previas al acogimiento para todas las familias que deseen acoger.
Familias monoparentales
Considerar como familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos o hijas.
Familia e interculturalidad
Crear y normalizar una terminología específica que defina la familia gitana, donde esta se sienta identificada como etnia o cultura.
Incluir a las familias gitanas en el Consejo u Observatorio de la Familia.
Área 2.FISCALIDAD, PRESTACIONES Y PRECIOS PÚBLICOS
Todas las familias
Situar en términos equivalentes a la media de la EU-15 el conjunto de las políticas de apoyo a las familias con hijos e hijas, es decir, por encima del 2% del PIB.
Impedir la reducción de las dotaciones en la atención a familias, especialmente para a aquellas de menos recursos.
Aumentar la dotación presupuestaria de los programas de intervención familiar y educación en medio abierto, ya que el número de horas destinado a cada familia a menudo resulta insuficiente o hay familias que deben esperar para ser atendidas.
Centrar el esfuerzo en adecuar año a año los criterios para otorgar la Renta de Garantía de Ingresos, para evitar que queden fuera colectivos desprotegidos.
Incrementar y afianzar el presupuesto en el Programa de Intervención Familiar con familias en riesgo de exclusión social.
Universalizar las prestaciones en materia de infancia, de manera que los costes de la crianza de hijos e hijas estén cubiertos proporcionalmente con relación a sus condiciones y edad. Se propone no limitar este apoyo exclusivamente a los recursos de padres y madres.
Trabajar en la modificación del sistema de desgravaciones fiscales para acercarse al modelo de impuesto negativo sobre la renta (INR), mediante el que el Estado da dinero a la ciudadanía a través del impuesto sobre la renta para garantizar unos ingresos mínimos.
Evitar penalizar las transferencias de abuelos/as a hijos/as y nietos/as por parte del sistema fiscal debiendo quedar exentas de impuestos. Actualmente las transferencias realizadas por abuelos y abuelas a hijas e hijos y nietas y nietos son un importante elemento de lucha contra la pobreza infantil, por lo que deberían tener un trato fiscal preferente.
Familias con miembros con discapacidad y/o dependencia
Incorporar las conclusiones del “Estudio de impacto económico que supone en una familia la atención a una persona con discapacidad intelectual” en el diseño de las políticas fiscales, para adaptarse a la realidad de las familias.
Apuntalar el sistema de atención a las personas con discapacidad, manteniendo las dotaciones presupuestarias, de forma que la crisis no suponga un retroceso del apoyo y un retorno del cuidado a la familia, vigilando que los recursos económicos destinados a la persona con discapacidad sean destinados a mejorar su calidad de vida (ya que en ocasiones estos pueden ser los únicos de un núcleo familiar), y estableciendo un sistema efectivo de atención mediante la colaboración interinstitucional.
Aumentar las ayudas económicas en los programas de tratamiento de la atención temprana, así como en las ayudas técnicas para las personas con discapacidad y/o dependencia.
Establecer una línea de ayudas económicas para las personas cuidadoras de personas con dependencia y/o discapacidad dirigidas a acudir a centros de respiro, atención psicológica o servicios de apoyo e información.
Dotar de mayor presupuesto a las ayudas económicas que permiten contratar personal técnico para el cuidado de personas con discapacidad en el hogar.
Familias numerosas
Aumentar las ayudas económicas directas por hijos e hijas, y en mayor medida las dirigidas hacia terceros descendientes y sucesivos hasta los 15 años, ya que según el compromiso adquirido en el III Plan Interinstitucional de apoyo a las familias, se reducen en cuantía y se dilatan en el tiempo en el caso de los terceros y siguientes.
Conseguir el mismo sistema de renta estandarizada1 en todas las administraciones públicas y departamentos para aquellas ayudas o servicios de apoyo a las familias donde su condición de acceso o el criterio de la cuantía de dicha prestación venga condicionado por esta.
Mejorar las deducciones por hijo e hija para que se adapten a la realidad del gasto anual que suponen, garantizando la progresividad que implica tener más descendientes con una actualización anual mínima equivalente al IPC o la deducción en vivienda, incrementándose los límites (tanto el anua, como el del total de la vivienda) en un 20% por cada hijo o hija que se tenga.
Introducir dos nuevas deducciones: una deducción por familia numerosa de categoría general (3 o 4 hijos, o 2 cuando uno de ellos tiene alguna discapacidad) o especial (5 o más descendientes) por la aportación que hace este colectivo al sostenimiento demográfico de la CAPV; y otra deducción (“concilia”) dirigida a aquellas familias numerosas que tienen necesidad de contratar una persona cuidadora para la atención y cuidado de sus hijos e hijas para poder conciliar la vida personal, familiar y laboral.
Instar al Órgano Coordinador Tributario (OCT) para que las Juntas Generales de Gipuzkoa modifiquen su norma de haciendas locales permitiendo bonificar hasta un 90% a las familias numerosas en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) como lo hacen ya sus homónimas de Araba/Álava y Bizkaia.
Facilitar a las familias numerosas los aplazamientos y/o fraccionamientos de deudas tributarias elevando el límite para aportar garantías o ampliando los plazos.
Familias separadas y/o divorciadas
Poner en marcha el Fondo de Garantía Social para los casos de impago de las pensiones alimenticias, incluyendo en los próximos presupuestos una partida de hasta 500.000 euros para dicho fondo, de manera que por cada hijo o hija se puedan percibir 400 euros2.
Posibilitar hacer la declaración de la renta conjunta a madres y padres separados junto con el hijo o hija, aumentando la edad de los 18 años (límite actual) hasta los 22 años.
Aumentar la deducción por descendientes, independientemente del estado civil, y fijar una cantidad fija mínima en la deducción por manutención.
Familias acogedoras y/o adoptivas
Establecer la posibilidad de desgravar un porcentaje de los gastos invertidos en los viajes necesarios para la adopción internacional en el IRPF.
Proteger las ECAI (Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional) con un mayor apoyo económico.
Familias monoparentales
Implantar la educación 100% gratuita para las familias monoparentales.
Familia e interculturalidad
Reconocer la identidad gitana, incluyendo una partida específica para su desarrollo en los presupuestos del Gobierno Vasco.
Área 3.VIVIENDA Y SUELO
Todas las familias
Aplicar el sistema de renta estandarizada3 para el caso de la ponderación de ingresos de las personas solicitantes de una vivienda en alquiler o compra, y el acceso a ayudas para rehabilitación.
Fomentar fórmulas para el aplazamiento de los pagos hipotecarios (estableciendo una moratoria de 5 años para deudas hipotecarias) o alquileres para evitar el desahucio de familias con hijos e hijas. Para ello, se propone un cambio legislativo en la Ley de Ejecuciones Hipotecarias y en la Ley de Arrendamientos Urbanos, de forma que se recoja la vivienda familiar y habitual como un bien inembargable o, en su defecto, la aplicación de la dación en pago con carácter retroactivo y obligatorio.
Dar prioridad a la promoción de viviendas de alquiler social, dedicando los excedentes de viviendas no vendidas con los que cuentan las cajas de ahorros para este fin y gravando las viviendas vacías de cara a que salgan al mercado y puedan ser utilizadas a un precio justo por las familias con mayor necesidad.
Familias con miembros con discapacidad y/o dependencia
Ampliar la red de servicios de atención residencial o vivienda permanente para personas con discapacidad y/o dependencia.
Vigilar el crecimiento en las necesidades de servicios de respiro y descanso familiar temporales: atención residencial y atención diurna.
Promover la oferta de viviendas de vida independiente para personas con discapacidad.
Habilitar una línea especial de ayudas a familias para el mantenimiento en su domicilio.
Familias numerosas
Establecer como derecho subjetivo que las personas puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada, priorizando su acceso a las familias numerosas a través de un cupo obligatorio en el sorteo. En su defecto, se propone ponderar en función del número de hijos e hijas (actualmente 3 puntos la familia con hijos/as, 2 puntos la pareja y 1 punto una persona).
Establecer un cupo mínimo del 5% y un máximo del 15% a viviendas destinadas para familias numerosas en todas las promociones de alquiler o adquisición de protección oficial, pública o privada (viviendas de 105 a 120 m2) o, en su caso, regular la adquisición de dos viviendas, para solventar la sobreocupación de las familias más numerosas.
Aumentar los ingresos ponderados existentes en las ayudas públicas a familias numerosas para alquiler o rehabilitación de vivienda, teniendo en cuenta los ingresos requeridos para solicitar una vivienda de protección oficial.
Otorgar la promoción de viviendas en régimen de cooperativa para las familias numerosas.
Mejorar la deducción por vivienda teniendo en cuenta también el número de hijos e hijas, e incrementándose los límites (tanto el anual como el total de vivienda) en un 20% por cada descendiente.
Área 4.CONCILIACIÓN
4.1. Empleo y formación
Todas las familias
Poner a disposición de aquellas familias que tienen menores a su cargo los recursos tanto técnicos como económicos para cubrir sus necesidades, y así poder conciliar su vida familiar y laboral de una manera eficaz.
Impulsar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la normativa laboral para facilitar el cuidado de personas (menores, mayores y/o dependientes), así como mantener el programa Kontzilia.
Mantener iniciativas de apoyo a las familias en materia de conciliación, como ayudas dirigidas a ofrecer recursos de apoyo con nuevas tecnologías y dirigidas al conjunto de la población y a los diferentes modelos de familia.
Adecuar los horarios laborales a los horarios escolares, concediendo reconocimientos públicos e incentivos fiscales a aquellas empresas que favorezcan estas medidas de conciliación en su plantilla: flexibilidad horaria, ampliación de permisos, prestaciones sociales a cargo de la empresa, etc.
Ponderar las ayudas por excedencia y reducción de jornada para el cuidado de los hijos e hijas, aumentándose en función del número de descendientes que tenga la persona que se acoge a ellas.
Incorporar una deducción “concilia” dirigida a aquellas familias que tengan necesidad de contratar personal doméstico cuidador para la atención y cuidado de sus hijos e hijas, de cara a facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
Ampliar las políticas de conciliación de la vida familiar y personal entre personas que ya no están en activo que eviten el síndrome de la “abuela esclava”, a la vez que mediante medidas formativas y de otro tipo permitan aprovechar mejor el talento existente entre las personas mayores.
Ofrecer servicios de guardería gratuitos para personas sin empleo insertas en procesos de formación e inserción, a través de entidades de intervención social.
Impulsar actividades subvencionadas de ocio y tiempo libre en los centros de enseñanza, públicos o concertados privados, en los periodos vacacionales, adecuando los horarios a las necesidades familiares para facilitar una óptima conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Flexibilizar la oferta de plazas y centros de educación infantil, en coordinación con las políticas de conciliación, de forma que sea una política pública coordinada en materia de horarios, vacaciones, períodos de adaptación, etcétera.
Familias con miembros con discapacidad y/o dependencia
Impulsar apoyos de fomento de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal para las familias que, teniendo un hijo o hija con discapacidad, requieren mayor disponibilidad para acudir a terapias, consultas o tratamientos.
Apoyar la inclusión en la normativa laboral, medidas concretas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral, flexibilizando horarios que permitan el cuidado de personas dependientes.
Familias numerosas
Apoyar la inclusión en los convenios colectivos de medidas que protejan y favorezcan a personas trabajadoras titulares de familia numerosa, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y extinción del contrato de trabajo4.
Incentivar la contratación laboral de padres y/o madres (con especial atención a las familias numerosas), bonificando a las empresas que lo promuevan con desgravaciones fiscales, ya que se han suprimido las bonificaciones a la Seguridad Social a las empresas cuando se incorporaba la mujer después de su permiso de maternidad5.
Dar prioridad de acceso a las familias numerosas en las actividades de ocio y cultura (como los campamentos o colonias organizados por la Diputación Foral de Álava), debido a que la dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral se complica a medida que se tienen más hijos/as.
Familias acogedoras y/o adoptivas
Reelaborar la normativa respecto a jornadas reducidas y excedencias, pasando a considerar el tiempo que el menor lleva en la familia en lugar de la edad del mismo.
Ampliar (voluntariamente y a demanda de las madres) las bajas maternales para las familias que necesiten un mayor tiempo de adaptación.
Crear una figura específica (baja de maternidad y paternidad especial) para el periodo que suponen los viajes necesarios de las adopciones internacionales.
4.2. Ocio y cultura
Todas las familias
Impulsar el envejecimiento activo y potenciar el papel de abuelos y abuelas como referentes positivos en la familia.
Potenciar espacios y programas de convivencia intergeneracional. La educación en la diversidad de modelos familiares debe potenciar el conocimiento intergeneracional, siendo enriquecedor tanto para la infancia como para las personas mayores la convivencia y el aprendizaje mutuo de otras generaciones.
Promover una oferta pública de ocio deportivo gratuito teniendo en cuenta las necesidades de las familias y su lugar de residencia, puesto que se está incrementando paulatinamente el coste para la escuela pública (por ejemplo, las colonias vacacionales no reciben actualmente apoyo económico).
Familias con miembros con discapacidad y/o dependencia
Fomentar recursos o servicios de apoyo educativo y de tiempo libre dirigidos a menores con discapacidad, puesto que actualmente estos resultan escasos, especialmente en lo que se refiere a las temporalidades por descanso en servicios residenciales.
Familias numerosas
Facilitar la igualdad de oportunidades a las familias numerosas de cara a conocer y disfrutar de su propia cultura y sus costumbres, subvencionando aquellos espacios y actividades que motiven esta: albergues, euskaltegis, obras culturales, instalaciones y actividades deportivas...
Familias homoparentales
Facilitar espacios de encuentro para familias homoparentales con hijos e hijas.
Familia e interculturalidad
Facilitar espacios de participación e interculturalidad para familias gitanas, así como apoyar a las familias en estos procesos interculturales en su propia lengua.
Área 5.
Todas las familias
Introducir el sistema de renta estandarizada en los criterios de admisión de alumnado en centros públicos y privados concertados, así como en las becas universitarias y no universitarias.
Extender el programa de gestión solidaria de libros de texto y material curricular en todos los centros de enseñanza públicos y privados concertados, al menos en la enseñanza obligatoria, garantizando la libertad de elección de los padres y madres en la cualificación de sus hijos e hijas.
Garantizar que los periodos de adaptación en las haurreskolak y centros escolares se adecuen a la necesidad del niño o niña de un modo particular, sin tener que alargar los mismos por imposición.
Ampliar los servicios públicos de atención a niñas y niños de 0 a 3 años, importando buenas prácticas de otros países: centros cívicos acondicionados como guarderías, iniciativas comunitarias (familias agrupadas), aprovechamiento de las infraestructuras educativas ya existentes, etc.
Realizar un proceso de evaluación del proyecto piloto haur-etxeak de cara a conocer su impacto y posible ampliación.
Aumentar las plazas públicas para cubrir la etapa de 0 a 3 años en apoyo para familias con hijos e hijas (haurreskolak), aprovechando espacios docentes infrautilizados en horario de mañana para este fin y racionalizando la oferta de plazas, de forma que no existan zonas en las que haya escasez de plazas (urbanas) y otras en las que no se cubre la oferta (rurales).
Impulsar mayor apoyo económico para mantener y fomentar el servicio de madrugadores en los centros públicos para niños y niñas de 2 años.
Fomentar medidas de prevención y actuación frente al fracaso escolar, mejorando la coordinación interinstitucional entre educación y servicios sociales para evitar duplicidades, racionalizar el gasto y generar programas más eficientes.
Eliminar el límite de los 1.000 € para su consideración de retribución en especie no sujeto al IRPF, destinados al servicio de primer ciclo de educación infantil a hijos e hijas de personas trabajadoras, puesto que dicho límite no tiene en consideración el número de descendientes, e incluso que se pudiera extender el destino de la misma a toda la enseñanza obligatoria y bachiller.
Implementar descuentos y ayudas a la educación para todas las familias en función de dos variables: ingresos familiares y gastos familiares.
Desarrollar una serie de recursos (online) que ofrezcan información completa y actualizada a las familias sobre ayudas, recursos y servicios públicos en materia educativa, y sirvan de apoyo en esta tarea.
Promoción de programas públicos de información, asesoramiento y ayuda a las familias con hijos e hijas, y campañas de sensibilización de los principales valores en los que se debe fundamentar la política familiar de la CAPV.
Velar por la imagen de la familia y la parentalidad positiva en los medios públicos de comunicación a través de campañas institucionales de valoración social de las funciones de la familia, de la maternidad y paternidad, de las responsabilidades de todos los miembros de las familias en la atención y cuidado del hogar, y de fomento de la conciliación entre trabajo y familia.
Familias con miembros con discapacidad y/o dependencia
Considerar la educación como un bien público, así como generar interdependencia entre calidad, equidad e igualdad de oportunidades para todas las personas.
Trabajar desde las administraciones en la normalización y apoyo a la situación específica de los diferentes tipos de discapacidad y promover la construcción de una ciudadanía de pleno derecho.
Eliminar las barreras existentes al medio físico, a la comunicación y a la información, así como suprimir las barreras psicológicas y estructurales.
Realizar de forma sistemática jornadas y sesiones de intercambio de experiencias para familias con miembros con discapacidad.
Familias acogedoras y/o adoptivas
Implantar un periodo de adaptación en los centros escolares para menores adoptados, del mismo modo que se realiza una adaptación con los niños y niñas de corta edad en su incorporación a la escuela.
Familias monoparentales
Establecer la total gratuidad de la educación a las familias monoparentales a partir del primer hijo o hija.
Familias homoparentales
Incorporar de manera generalizada y transversal la diversidad familiar y los distintos modelos familiares existentes en el currículo y discurso educativo de los colegios públicos y privados concertados.
Formar a profesionales de la educación para favorecer la ruptura de prejuicios y la toma de conciencia sobre la diversidad familiar.
Modificar los formularios para las solicitudes y trámites administrativos: becas, ingreso a la escuela, notificaciones, etc., y adaptarlos a los diferentes modelos de familia.
Crear campañas de sensibilización y concienciación social dirigidas a toda la población sobre las familias homoparentales.
Área 6.ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Todas las familias
Desarrollar una Agencia de la Familia, adaptando el modelo francés, que centralice las prestaciones y servicios en un sistema de ventanilla única para ofrecer intervención integral, evitando los compartimentos estancos y la segmentación.
Mejorar la integración y comunicación interinstitucional e interdepartamental, así como entre la Administración y el Tercer Sector, para evitar la fragmentación de servicios y las duplicidades y optimizar los recursos existentes.
Dotar a las administraciones del conocimiento del entorno necesario para tener en cuenta una escala de necesidades sociosanitarias de la ciudadanía: urgentes, importantes y secundarias.
Implantar programas con cobertura pública (similares al PADI: Programa de Atención Dental Infantil) en la atención a anomalías y problemas oftalmológicos, de logopedia, psiquiatría y psicología infantil, etc., cada vez más frecuentes.
Establecer un protocolo, basado en la prevención selectiva y participada, dirigido a apoyar a las familias con hijos e hijas en riesgo de exclusión y/o conductas agresivas o disruptivas.
Ofrecer servicios públicos de terapia psicológica conjunta en situaciones de problemas familiares.
Avanzar en los modelos de atención centralizada a través de la progresiva implantación de la figura de gestor de caso.
Familias con miembros con discapacidad y/o dependencia
Impulsar el diseño de dispositivos y de un sistema integral de atención a personas con diagnóstico dual (discapacidad intelectual y enfermedad mental) que responda adecuadamente a las necesidades desde diferentes ámbitos.
Promover el apoyo psicológico y psiquiátrico a las personas con discapacidad intelectual, tanto desde el marco sociosanitario como desde los planes de Osakidetza.
Mantener y consolidar los avances, logros y derechos implantados en el sistema de protección de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Reforzar y retomar la ampliación de la red de servicios de atención a personas con discapacidad, facilitando el acceso a los mismos.
Crear dispositivos de atención y apoyo a personas con discapacidad y/o dependencia que den respuesta a las necesidades reales de estas familias de manera eficaz y eficiente, evitando la fragmentación de servicios en el marco sociosanitario.
Desarrollar programas de apoyo dirigidos a familias con niños y niñas en situación de discapacidad, así como proyectos de desarrollo y autonomía personal para menores con discapacidad.
Fomentar el apoyo a las familias en su propia lengua, siendo conscientes de la necesidad de contar con intérpretes y personal traductor de lenguaje de signos.
Aumentar el número de horas de atención en el servicio de asistencia domiciliaria.
Poner en práctica el Servicio de Respiro Domiciliario (personal de apoyo en domicilio por horas) para momentos puntuales, así como establecer servicios de estancias de respiro flexibles, adecuados a las necesidades de las familias con miembros con discapacidad y/o dependencia.
Fomentar los programas de intervención psicológica para personas cuidadoras de personas con discapacidad y/o dependencia.
Ofrecer programas y talleres de psicoestimulación cognitiva para evitar el avance y/o ralentizar el deterioro en las personas con demencias en sus primeros años a partir del diagnóstico.
Poner en marcha una tarjeta sanitaria específica para personas con Alzheimer que identifique tanto a la persona enferma como a su principal cuidadora, de cara a establecer un protocolo específico de actuación en ingresos y consultas.
Ofertar programas de terapia ocupacional en centros sociosanitarios con el objetivo de ofrecer una atención integral a las personas en situación de dependencia y/o discapacidad.
Elaborar un censo de personas con Alzheimer en la CAPV en una base de datos común para todos los servicios y centros sociosanitarios.
Abrir centros o áreas especializadas en demencias en los centros de salud públicos de la CAPV.
Establecer protocolos y actuaciones específicas en cada una de las acciones que figuran en el Plan Interinstitucional de apoyo a las familias dirigidas a personas con discapacidad que garanticen la defensa de su autonomía personal.
Replantear el sistema de valoración de la dependencia. La actual valoración de la dependencia se entiende como arbitraria y desajustada (grados menores concedidos de lo que deberían ser) y resulta clave por ser la llave de acceso a otros servicios.
Mejorar la coordinación en la atención de urgencia a personas mayores en situación de dependencia, así como a la infancia en situación de desprotección a nivel local.
Promover protocolos y actuaciones específicas en el Plan Interinstitucional de apoyo a las familias dirigidas a personas con discapacidad que garanticen la defensa de su autonomía personal.
Desarrollar actuaciones tendentes a fomentar la atención a problemáticas de salud de la población infantil a través de programas de cobertura pública de problemas oftalmológicos, de logopedia, psiquiatría y psicología infantil, etc., cada vez más frecuentes.
Familias numerosas
Establecer un complemento por hijo o hija (similar al que se ofrece a las monoparentales) en la Renta de Garantía de Ingresos, ya que las familias de tres o más descendientes perciben la misma cuantía.
Tener en cuenta a las familias numerosas como colectivo vulnerable dentro de las especificidades del copago sanitario, subvencionando aquellos medicamentos de uso pediátrico, vacunas u otros artículos recomendados por la sanidad pública imprescindibles para garantizar una sociedad saludable.
Familias separadas y/o divorciadas
Crear dispositivos de mediación integral real (gabinetes de mediación familiar) y gratuitos con trabajadores y trabajadoras sociales que escuchen y sensibilicen a las familias o personas afectadas, y las integren con otras personas en su misma situación (grupos mixtos) y no solo con profesionales. Se propone solapar los servicios de intermediación familiar (servicios sociales) y el servicio de intermediación intrajudicial (justicia).
Familias acogedoras y adoptantes
Poner en marcha un programa integral de seguimiento a las familias acogedoras, habilitando un espacio único donde las familias encuentren apoyo y respuesta a sus distintas necesidades.
Familia e interculturalidad
Promover una prevención participada dirigida a apoyar a las personas inmigrantes que estén inmersas en un programa de reagrupación familiar.
Atender especialmente las problemáticas emergentes que presentan las familias inmigrantes: monoparentalidad, integración de menores, etc.
Área 7.TRANSPORTE
Todas las familias
Impulsar la reserva de plazas de aparcamiento para las mujeres gestantes a partir de la vigésima semana de embarazo en aparcamientos de la vía pública, parkings públicos, etc.
Adaptar el transporte público (autobús, tren, tranvía o funicular) con suficientes espacios reservados para carritos de niño y niña y sillas de ruedas.
Familias numerosas
Unificar las tarjetas o billetes de transporte que existen en cada uno de los territorios históricos de tal modo que, independientemente de donde se resida en la CAPV, las personas puedan favorecerse de su condición de familia numerosa para potenciar el uso del transporte público.
Instar al OCT y a las Juntas Generales de Gipuzkoa para que modifiquen su Norma de Haciendas Locales, permitiendo bonificar con hasta un 90% a las familias numerosas en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en los diferentes municipios de dicho territorio.
Área 8.JUSTICIA
Familias separadas y/o divorciadas
Unificar procesos de separación y/o divorcio, así como medidas que modifiquen sustancialmente el sistema procesal, agilizándolo, acercándolo a la realidad y abaratando costes para las familias.
Promover el ejercicio real de la patria potestad y que, en caso de incumplimiento reiterado e injustificado de sus obligaciones, el progenitor no custodio pueda ser privado de la patria potestad.
Proteger el derecho a la relación entre abuelos y abuelas y nietas y nietos en los casos de separación familiar, fomentando el mantenimiento de la relación entre nietas y nietos y sus abuelas y abuelos de la misma forma en que se respeta con las madres y padres separados mediante un convenio regulador, debiendo ser tenido en cuenta el entorno familiar más amplio en las resoluciones judiciales.
Promover la modificación de medidas por parte de la fiscalía en caso de incumplimiento reiterado del régimen de visitas y/o manipulación del menor por parte del progenitor custodio. En estos casos se propone adjudicar la guardia y custodia del menor al otro progenitor o, en su caso, solicitar la intervención de los servicios sociales en apoyo a este, haciendo hincapié en la supresión de las medidas provisionalísimas (salvo casos excepcionales).
Dar los pasos necesarios para conseguir la liquidación de los bienes gananciales en el momento de la separación/divorcio.
Hacer los esfuerzos necesarios para conceder pensiones compensatorias en situaciones excepcionales y con un límite temporal, tendiendo el Estado a hacerse cargo de estas situaciones extraordinarias en unas condiciones dignas.
Trabajar para conseguir el reconocimiento de la guardia y custodia compartida de cara a que hijos/as tiendan a estar igual tiempo con el padre y con la madre, que ambos progenitores intervengan de manera efectiva en la educación y salud de los hijos/as, impulsando una aportación efectiva de ambos excónyuges a la manutención de los menores en proporción a sus ingresos.
Familias homoparentales
Adaptar los diferentes documentos públicos y oficiales a la diversidad de modelos de familia existentes en organismos como Registro Civil (inscripción de hijo/a de mujeres casadas), Osakidetza, INE, INEM, INSS (formularios para baja maternal, permiso de madre no biológica, formularios del hospital), etc., puesto que se ciñen aún al modelo familiar heterosexual.
Formar al personal de la Administración pública, y en concreto la de justicia (registros civiles), sobre la aplicación del artículo 7.3 de la Ley 14/2006 de reproducción asistida, referido a la filiación de hijos e hijas nacidas a través de reproducción asistida y su inscripción en registros civiles por parte una pareja de dos mujeres.
1 Decreto 154/2012, de 24 de julio, sistema que pondera la renta familiar según el número de miembros y su composición.
2http://agipase.blogspot.com.es/. Rueda de prensa del
16-09-2012. Los impagos de pensiones a hijos crecen del 19% al 32% en cuatro años.